Así robaba fondos públicos el exrector de la UNAH, expresidente de la CSJ y exdiputado Oswaldo Ramos Soto, según Uferco
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (Uferco) presentó requerimiento fiscal contra todos los involucrados.
El prominente miembro del Partido Nacional, Oswaldo Ramos Soto, se coludió con otros diputados entre los años 2013 y 2017 para robar millonarios fondos públicos, según el último escándalo de corrupción destapado por la Uferco este martes 21 de junio.
Ramos Soto fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), presidente de la Corte Suprema de Justicia, candidato presidencial, presidente del Partido Nacional y diputado desde 2006 hasta enero del 2022. El 19 de enero de 2022 fue nombrado «diputado vitalicio».
Según la investigación de la Uferco, Ramos Soto actuó en complicidad con otros diputados, así como los representantes legales y contadores de dos Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) y otros particulares, para desviar casi 19 millones de lempiras.
Los otros involucrados son: Alberto Chedrani Castañeda (actual congresista) y los exdiputados Ricardo Antonio Díaz Aceituno, José Vicente León Rojas (actual alcalde de Nueva Arcadia, Copán) y Rodimiro Mejía Merino.
Los antes mencionados realizaron operaciones fraudulentas y saqueo de fondos del Congreso Nacional en colusión con las ONG’s Líderes Comunitarios para el Desarrollo (OLICODE) e Impulso Solidario (OIMSO), según la Uferco.
Las imputaciones contra Chedrani Castañeda y León Rojas son por fraude y lavado de activos y en el caso de Ramos Soto, Díaz Aceituno y Mejía Merino por fraude.
Según la relación de hechos, los investigados se coludieron para crear las ONG’s OLICODE y OIMSO, mediante las cuales desarrollarían 46 proyectos de microempresas y generación de empleo en los departamentos de Francisco Morazán, Cortés y Copán, mismos que solo se ejecutaron en un cinco por ciento aproximadamente y de los que al final se desviaron 18 millones 950 mil lempiras.
Se determinó que los imputados siguieron una tipología de desvío de fondos para financiamiento de gastos personales y de campañas políticas con el uso de redes de organizaciones de sociedad civil.
Los directivos de la ONG’s recibían el dinero de los proyectos y luego lo retornaban a los diputados mediante depósitos en efectivo en sus cuentas bancarias.
En el caso del diputado Chedrani Castañeda, este percibió 19 depósitos que sumaron más de 2.9 millones. Mientras tanto el exdiputado Ramos Soto fue beneficiario de cuatro depósitos de casi un millón de lempiras
Cabe señalar que, desde su origen y durante el transcurso de sus operaciones, las actuaciones de las ONG’s se vieron envueltas en una serie de ilicitudes e irregularidades, puesto que además del hecho que los cinco encausados se valieron de su cargo como diputados para drenar recursos estatales, los directivos de OLICODE y OIMSO eran funcionarios del Estado, desempañándose en áreas claves en la gestión de recursos públicos, como es el caso del Fondo de Desarrollo del Departamental del Congreso Nacional y en la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDIS).
Los otros involucrados son: Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Ramón Eduardo Núñez Rodas (presidenta y contador de OLICODE), José Wilfredo Flamenco Ramírez y Marvin Alexis Sabillón Rivera (presidente y contador de OIMSO), Mirna Lizeth Ham Guzmán, José Jorge Cásula Laínez, Fabio Javier Rodríguez Lagos, Nahun Orlando Osorto Guevara y David Abner Flores Montoya (éstos últimos encargados de recibir y cambiar cheques emitidos a su nombre).
A Palma Sánchez y Flamenco Ramírez se les acusa por fraude, lavado de activos, malversación de caudales públicos y uso de documentos públicos falsos, a Ham Guzmán, Cásula Laínez, Rodríguez Lagos, Osorto Guevara y Flores Montoya por encubrimiento por receptación agravado y a Núñez Rodas y Sabillón Rodas por falsificación de documentos.