Con esperanza de volver a Honduras con casi 90 años, exsocio de JOH pide pena mínima a través de su defensa

El excapo Geovanny Fuentes Ramírez solicitó a través de su abogado se le conceda la oportunidad de ser liberado y regresar a Honduras allá por la década del 2060, ya que para esa época, si logra sobrevivir, sería un hombre que rondaría los 90 años y no representaría ningún peligro para la sociedad.

Según información de Pro-Honduras Network, el día de ayer 27 de diciembre, la defensa de Fuentes, encontrado culpable por tráficar drogas con ayuda del mandatario Juan Orlando Hernández, solicitó a la Corte del Distrito Sur en New York la pena mínima de cuarenta años.

Al parecer la defensa también ha considerado una pequeña reducción de condena por buena conducta.

Por otro lado, la fiscalía solicita cadena perpetua más 30 años, además de la incautación de 151.7 millones de dólares que Fuentes Ramírez obtuvo por medio de sus actividades de narcotráfico y una multa de 10 millones.

Parte del documento presentado por John Burke, de la defensa de Fuentes Ramírez, dice lo siguiente:

Estimado juez Castel: Le escribo en nombre de mi cliente Geovanny Fuentes Ramírez, en respuesta a la presentación de sentencia del Gobierno del 24 de agosto de 2021. La defensa renueva su solicitud a la sentencia mínima legal de cuarenta años de detención.

Geovanny es un ciudadano de Honduras de 52 años y si puede completar su sentencia será deportado a su tierra natal. El jurado del juicio condenó a Geovanny por delitos graves y cuarenta años de prisión es una sentencia grave. Una sentencia en el nivel mínimo legal aún excedería la vida útil esperada de Geovanny.

Ramírez fue acusado y condenado por participar en una conspiración para importar cocaína (Cargo 1); posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración (Cargo 2) y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración (Cargo 3).

La fiscalía llevó a cabo una extensa investigación y optó por no acusar a Ramírez de asesinato o conspiración para asesinar en relación con ninguno de los delitos de la acusación.

A pesar de la determinación del jurado de que hubo una falta de prueba con respecto a la posesión de dispositivos destructivos, la presentación de sentencia del Gobierno sigue argumentando que Ramírez cometió el crimen y debe ser castigado por su transgresión.

La presentación de sentencias del Gobierno en su núcleo es una dura demanda de castigo y represalias basada en delitos no acusados y acusaciones no probadas, es decir, asesinato y posesión de dispositivos destructivos.

La solicitud de una sentencia de cadena perpetua más treinta años es especialmente inapropiada en el presente caso porque el veredicto del jurado exige una sentencia mínima de cuarenta años para un hombre de cincuenta y dos años.

Como se dijo anteriormente, Geovanny Fuentes Ramírez tiene cincuenta y dos años y una sentencia al nivel mínimo legal de cuarenta años le permitirá ser liberado a mediados de los ochenta. Si es liberado de la custodia como octogenario, su riesgo o incluso su capacidad para reincidir será nulo.

La defensa sostiene que cualquier sentencia más allá del mínimo legal sería excesiva y contraria a los objetivos de la ley de sentencia. El encarcelamiento de Geovanny Fuentes Ramírez después de mediados de los ochenta sería más largo de lo necesario. Tras su liberación de la cárcel, no representará ninguna amenaza para la sociedad.

Geovanny Fuentes Ramírez no tiene activos en los Estados Unidos, Honduras ni en ningún otro país. Su casa y tierra que poseía en Honduras fueron confiscadas por bancos porque se habían utilizado como garantía para un préstamo comercial. Su compañía de biomasa ha dejado de funcionar y no tiene activos.

La solicitud de decomiso por valor de 151.724.375 dólares es claramente excesiva y se deriva de varias extrapolaciones basadas en el testimonio del informante.

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