Embajadora de EEUU recibe dura respuesta tras cuestionar ley que pone contra las cuerdas a abusivos generadores térmicos

El canciller Enrique Reina y el ministro asesor de comunicaciones, Milton Benítez, reaccionaron duramente luego que la embajadora de EEUU expresara «preocupación» sobre la nueva ley del sector eléctrico que pone contra las cuerdas a los abusivos generadores térmicos hondureños.
Esta tarde la embajadora Laura Dogu escribió en Twitter: «La reforma energética es crítica para el desarrollo económico» .
«Estamos analizando la propuesta energética y como escrito nos preocupa el efecto que tendrá sobre la inversion extranjera y la independencia de la agencia reguladora» , expresó la diplomática estadounidense.
Minutos más tarde, el canciller hondureño respondió: «Sra. Embajadora, usted ha sido recibida con los brazos abiertos. La reforma energética es urgente como Estado, combate una situación heredada de corrupción y pobreza» .
«Nos preocupa su desacertada opinión sobre política interna, la que no contribuye a las buenas relaciones con EEUU» , expresó Enrique Reina.
Por su parte el ministro Milton Benítez señaló que Honduras fue secuestrada por una «narco-dictadura» durante más de una década y por lo tanto es necesaria una reforma profunda para desmontar la estructura corrupta que aún se mantiene en el sector energético.
«La invitamos a revisar que hay contratos de Los Cachiros ahora en manos de banqueros ¿embajadora eso es normal?» , cuestionó Benítez.
Cabe señalar que la ley especial del sector eléctrico busca garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social.
El proyecto de decreto surgió en el Consejo de Secretarios que llevó a cabo la presidenta Xiomara Castro de Zelaya la madrugada del sábado 30 de abril.
La administración de Xiomara Castro busca que a través de esa reforma se pueda brindar un servicio de energía eléctrica con precios justos, además de resolver la deuda acumulada de la ENEE que supera los 75,000 millones de lempiras, lo que equivale al 10.1% del PIB nacional.
El decreto autoriza a la ENEE a renegociar los contratos y los precios a los que el Estado a través de la estatal adquiere el suministro de energía eléctrica generada por plantas térmicas, solares y eólicas.
En caso de no ser posible la renegociación con alguna de las generadoras, la ley autorizará plantear la terminación del contrato y la adquisición por parte del Estado previo justiprecio.