Jeff Ernst califica como «muy hipócritas» las críticas del Partido Nacional a amnistía aprobada en el Congreso

El periodista estadounidense Jeff Ernst tildó de «muy hipócritas» las críticas que han vertido varios miembros del Partido Nacional contra la amnistía aprobada hace unos días por el Congreso dirigido por Luis Rolando Redondo.

Ernst señaló que el pasado Congreso bajo control nacionalista aprobó un «pacto de impunidad sobre la administración de los fondos públicos por parte de los legisladores, mucho más grande y consecuente» .

Sobre la reciente amnistía, el periodista manifestó que «no hay duda de que hubo personas injustamente acusadas de delitos a raíz del golpe como parte de una cacería de brujas política que merecen amnistía» .

No obstante señaló que «tal como está escrita, la amnistía se considera demasiado amplia, lo que podría otorgar impunidad a exfuncionarios que se involucraron en actos de corrupción» .

Lea a continuación el análisis completo que compartió Jeff Ernst en Twitter:

La presidenta Castro sancionó una polémica ley que incluye cláusulas de amnistía que muchos consideran equivales a un nuevo ‘Pacto de Impunidad’, esta vez para los funcionarios que sirvieron en la administración de su esposo, el expresidente Mel Zelaya.

La «Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que no se Repitan los Hechos» fue aprobada esta semana por una de las dos facciones que se disputan el control del Congreso, la cual está encabezada por el legislador Luis Redondo y reconocida por Castro.

La ley es amplia, condena el golpe de Estado de 2009 que derrocó a Zelaya, autoriza a Castro a firmar un acuerdo con la ONU para crear una nueva comisión anticorrupción y la controvertida amnistía.

No hay duda de que hubo personas injustamente acusadas de delitos a raíz del golpe como parte de una cacería de brujas política que merecen amnistía. Pero tal como está escrito, la amnistía se considera demasiado amplia, lo que podría otorgar impunidad a exfuncionarios que se involucraron en actos de corrupción.

Entre otros, la amnistía se aplicaría a los funcionarios del gobierno de Zelaya que fueran “acusados o procesados penalmente por oponerse y protestar contra el golpe, y por actos inherentes al ejercicio de su función pública, procesos que fueron calificados como políticamente motivados”.

La ley enumera delitos elegibles como el abuso de autoridad y la apropiación indebida de fondos públicos, lo que sugiere que las personas que ya han sido procesadas podrían ser exoneradas y otras podrían protegerse de futuras acusaciones.

Los defensores de la amnistía han dicho que la ONG COFADEH tendría la tarea de decidir quién sería elegible para la amnistía, aunque el procedimiento no está descrito en la ley y los analistas cuestionan la legalidad de otorgar tal autoridad judicial a una ONG.

Muy hipócritamente, el Partido Nacional ha denunciado la amnistía como el pacto de impunidad más grande de la historia. Pero el pacto de impunidad aprobado en el último Congreso sobre la administración de los fondos públicos por parte de los legisladores es mucho más grande y consecuente.

Muchos de los delitos enumerados en la nueva ley ya han superado el plazo de prescripción aplicable, sin mencionar la dificultad general de investigar delitos que ocurrieron hace una docena de años o más. Por lo tanto, la amnistía /impunidad se aplicaría principalmente a los casos ya procesados.

La ley actualmente en cuestión fue sancionada por Castro y publicada en el diario oficial. Pero mientras continúa la disputa por el Congreso, las acciones tomadas por cualquiera de las facciones son legalmente dudosas y potencialmente sujetas a revisión judicial.

Dada la controversia en torno a la ley, parece dudoso que una vez que se resuelva la disputa en el Congreso, se aprobaría en una nueva votación tal como está redactada actualmente, que es lo que probablemente tendría que suceder para que sea completamente legal.