Pecados de JOH y vínculo de Geovanny Fuentes con el sistema penitenciario de Honduras

Pecados de JOH y vínculo de Geovanny Fuentes con el sistema penitenciario de Honduras
El 2019 fue un año muy agitado para el gobernante hondureño Juan Orlando Hernández y sus aliados. En octubre de ese año se desarrolló el juicio que culminó con la declaratoria de culpabilidad de su hermano Juan Antonio «Tony» Hernández, lo cual provocó una serie de consecuencias nefastas en Honduras.
Según investigaciones del Departamento de Justicia, el narcotraficante Geovanny Fuentes Ramírez visitó en dos ocasiones la Casa Presidencial antes del juicio contra el hermano de Hernández. La primera visita fue el 29 de mayo y la segunda el 12 de junio.
Las visitas del capo de la droga a la casa de gobierno ubicada en Tegucigalpa quedaron plasmadas en los registros de la aplicación de geolocalización Waze, que Fuentes Ramírez utilizaba para encontrar direcciones.
Por esas fechas uno de los hermanos de Juan Orlando Hernández, llamado José Amílcar Hernández Flores, realizó visitas no autorizadas a la cárcel de máxima seguridad El Pozo, ubicada en Ilama, Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.
El hermano del presidente se hizo acompañar de Chase Lalani, un investigador estadounidense contratado por la familia Hernández. Ellos visitaron la celda donde se encontraba el narcotraficante Nery Orlando López Sanabria, también conocido como Magdaleno Meza Fúnez.
Meza Fúnez había sido detenido en un operativo de carretera el 6 de junio del 2018 junto a otras personas. En sus vehículos llevaban dólares, granadas y armas.
Pero lo más interesante fue el hallazgo de 11 libretas donde se detallaban una serie de pagos, incluyendo supuestos sobornos a Tony Hernández y a su hermano, el presidente Juan Orlando Hernández. Esas narcolibretas posteriormente llegaron a manos de autoridades estadounidenses.
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Según consta en documentos judiciales del Departamento de Justicia de EEUU, el motivo de las “visitas no autorizadas” era hacer confesar a Meza Fúnez si estaba colaborando con la Agencia de Control de Drogas (DEA, siglas en inglés).
López Sanabria sufrió una intensa presión por parte de la familia Hernández para guardar silencio y no cooperar con el gobierno estadounidense en el caso contra Tony Hernández, según su abogado. Eso incluyó numerosas amenazas, presuntos castigos y torturas, así como varias visitas a la prisión.
Y efectivamente “López Sanabria había planeado cooperar con la DEA contra Juan Orlando Hernández y Tony Hernández” refiere la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Esto se volvió evidente por un par de llamadas telefónicas que López Sanabria hizo desde la cárcel a sus abogados y que fueron interceptadas y hechas públicas.
López Sanabria fue asesinado el 26 de octubre de 2019, ocho días después de que un jurado declarara culpable a Juan Antonio «Tony» Hernández.
El 9 de diciembre de 2019, un grupo de desconocidos asesinaron a José Luis Pinto, abogado que representaba a López Sanabria. Tres días después, el 12 de diciembre de 2019, fue liquidado Ildefenso Armas, el director de la prisión en la que fue asesinado López Sanabria.
Geovanny Fuentes tenía contacto de alto rango dentro del sistema penitenciario
El 17 de diciembre del 2019 el Poder Ejecutivo, en Consejo de Ministros, declaró el estado de emergencia en el sistema penitenciario de Honduras. Al mismo tiempo se procedió a nombrar una comisión interventora integrada por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional.
La intervención fue motivada por la muerte violenta de Magdaleno Meza dentro de El Pozo y casi de manera simultánea el asesinato de otro recluso en La Tolva, ambos captados en videos. Además, luego se produjeron varias reyertas y masacres en cárceles del país.
La comisión interventora fue autorizada para realizar las investigaciones en torno a los crímenes cometidos en las cárceles en meses anteriores. Además para proceder a la suspensión temporal de personal, la terminación de contratos de trabajo o la revocación de acuerdos del personal que se considerara innecesario.
Uno de los siete interventores nombrados es el Comisionado de Policía, Wilson Antonio Alvarenga Núñez, quien recibió el cargo de Jefe de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario. Él está ligado al narcotraficante Geovanny Fuentes según la investigación que se está desarrollando en EEUU. El número telefónico del oficial fue encontrado en la lista de contactos telefónicos del capo.
Incluso el propio Geovanny Fuentes confesó que conocía al Comisionado Alvarenga, durante el interrogatorio que se le hizo luego de ser arrestado el 1 de marzo del 2020 en el aeropuerto Internacional de Miami.
«Hay un muchacho que lo conozco desde que era subteniente. Hoy es comisionado. Es Wilson Alvarenga. Él era compañero de un cuñado mío que mataron», dijo Fuentes.
Alvarenga Núñez continúa siendo alta autoridad en el Instituto Nacional Penitenciario. En julio del 2020 fue nombrado Inspector General.
Vea los videos a continuación: